Monopolio público de los certificados ecológicos
Según los productores y distribuidores de Catalunya, existe un monopolio público de los certificados ecológicos, en esta comunidad concretamente, sólo una empresa pública concede la certificación ecológica a los productos y alimentos que se producen y elaboran. Muchos de los productos ecológicos que se consumen en Catalunya son de exportación y presentan un sello o certificado ecológico de carácter privado, algo que no ocurre en la comunidad y que productores y distribuidores reivindican argumentando que el intervencionismo del Govern de Catalunya y la escasa promoción que se realiza de los productos ecológicos, impide que el sector pueda crecer con más notoriedad.
La reivindicación se realiza vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la Generalitat, la razón como indicábamos, el monopolio público de los certificados ecológicos y el veto a la certificación privada de los alimentos ecológicos. Efectivamente la Generalitat controla la certificación a través del Ccpae (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), organismo que recibe todo tipo de críticas de la asociación de elaboradores por su gestión y también por las tasas de inscripción o ampliación que se cobran anualmente por obtener la certificación ecológica.
El año pasado, y a pesar de la crisis económica o la mencionada monopolización, el sector de los productos ecológicos en Catalunya creció hasta un 20%, un resultado muy positivo teniendo en cuenta la situación y el precio más elevado de los alimentos ecológicos. Curiosamente, en la feria Alimentaria de Barcelona, hemos podido comprobar que la afluencia de visitantes al pabellón de los alimentos ecológicos no fue significativa y en varios momentos estaba prácticamente vacío), pero son las cifras las que determinan la buena marcha de este mercado, no la actividad ferial.
Según Apecpae (Associacio de Productors, Elaboradors i Comercialitzadors de Productes Agroalimentaris Ecologics), el crecimiento que experimenta el sector es debido a su inercia, no por el trabajo de promoción que en teoría debería realizar el gobierno catalán, su cometido parece estar exclusivamente orientado a la certificación y nada más. Apecpae va más allá y asegura que el gobierno catalán evita otorgar a los alimentos y productos ecológicos la importancia que merecen, también evita realizar campañas que ensalcen las bondades que ofrecen, como por ejemplo la mejor calidad organoléptica, el respeto medioambiental al que se asocian al no utilizar productos fitosanitarios u otros agroquímicos, o sus cualidades saludables. Según indica esta asociación, el motivo de ello es evitar entrar en conflicto con los mal llamados agricultores tradicionales, podríamos decir mejor ‘agricultura industrial’.
Evidentemente este tipo de campañas elevarían a los productos ecológicos por encima de los alimentos producidos industrialmente y se podrían iniciar diferentes conflictos. Antes hemos mencionado que se denuncia el coste de las tasas de inscripción o ampliación, argumentando que son causa de que los productos se encarezcan y han provocado la ralentización del sector. Si accedemos a la página oficial de la CCPAE podemos comprobar que la tasa de inscripción era para el año 2009 de 174’05 euros y para la tasa de ampliación 55’85 euros, ¿realmente estas cantidades pueden ser consideradas elevadas y provocar el incremento de los precios de los productos ecológicos o la ralentización del sector?, no lo creemos. Estamos de acuerdo en la reivindicación para aceptar una certificación privada y evitar el monopolio público de los certificados ecológicos, pero el tema de las tasas no termina de convencernos. Quizá antaño sí merecían justificación y de hecho los productores lucharon por ello u obtuvieron una rebaja de un 40%.
La Apecpae se sorprende de que la Generalitat, en tiempos de crisis y recortes presupuestarios, mantenga una empresa pública de certificación pudiendo dejar esta labor en manos de las empresas privadas tal y como ocurre en otros lugares de España o del mundo. Para apuntillar más la cuestión, esta asociación recuerda que la normativa básica estatal sí permite certificadoras privadas de productos ecológicos. Para que la reclamación tenga más solidez, se habla del gasto inútil e innecesario para los contribuyentes catalanes, ya que el Ccpae se beneficia de los recursos y subvenciones públicas para mantenerse.
Es evidente que lo que más duele es la falta de promoción y el deseo de hacer llegar todos los productos agroalimentarios ecológicos a los consumidores por parte del Ccpae. Para rizar el rizo y aunque no se menciona en la noticia que podemos conocer a través de La Vanguardia, Catalunya posee una gran superficie de cultivos transgénicos, en el año 2009 se cifraba en 28.260 hectáreas, es decir, una de las tres comunidades que más transgénicos producen, de ello hablábamos en el post Aumentan los cultivos transgénicos en España, ¿guardará este dato alguna relación?.
Evidentemente la Ccpae rechaza las acusaciones y argumenta su presencia y promoción en ferias y conferencias, la verdad es que en tema de promoción pocos esfuerzos realizan. La Ccpae argumenta que la Generalitat tiene sobre la mesa nuevos planes de acción y dotación de presupuestos para fomentar y promover el consumo ecológico. Claro, lo dice ahora que se inicia el contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Para finalizar, el Ccpae concluye diciendo que es más imparcial y ofrece mayores garantías al consumidor poner un sello de certificación ecológica otorgado por una empresa pública. Por cierto, ¿en qué posición queda el logotipo oficial de los alimentos ecológicos europeos?, ya veremos cómo termina el conflicto.
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El sobrecoste del certificado ecológico llega al juzgado
Los elaboradores biológicos denuncian que las tasas de certificación son seis veces más caras en Catalunya
Productores, elaboradores y comercializadores catalanes de alimentos ecológicos denuncian que tienen que pagar por la certificación de su productos tasas que son de cinco a seis veces más caras que la media española. La certificación la realiza el consejo catalán de producción agraria ecológica (Ccpae), un organismo de carácter público que hace las inspecciones y controles para conceder el sello que distingue el producto libre de insecticidas, plaguicidas y transgénicos. Sin embargo, muchas empresas se quejan de que las tasas excesivas actuales les restan competitividad y les detraen recursos para su promoción. Por todo ello, reclaman que la Generalitat autorice el funcionamiento de las certificaciones privadas, como se da en otras comunidades. «Yo pagué al consejo Ccpae 28.000 euros por la certificación de mis productos el 2007, mientras que el sello privado en Aragón, por lo mismo, me cuesta 4.200 euros», declara a La Vanguardia un empresario del sector que no oculta su enfado.
Los elaboradores de alimentos ecológicos consultados dicen que los sobrecostes de certificación perjudican el precio final para el el consumidor. La irritación es tal que la Asociación de Productores, Elaboradores y Comercializadores de Productos Agroalimentarios Ecológicos ha interpuesto un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la composición y funciones del Ccpae. Esta asociación ha decidido acudir al juez al comprobar que su recurso administrativo ni siquiera ha sido contestado, según alega. «La Administración no dialoga. Y no tiene sentido el actual sistema, porque cuanto más facturación haces, más tasas pagas. Queremos que convivan la certificación pública y privada, como pasa en otras comunidades autónomas», dice Félix Martínez, presidente de esta asociación. «El Departament d´Agricultura no puede mantener este monopolio público», agrega Martínez. Su asociación juzga que la ley de calidad alimentaria del 2003 ampara sus argumentos. «La Generalitat no puede negar la validez ni estigmatizar la certificación privada porque entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de los productos ecológicos comercializados en Catalunya vienen de fuera y tienen un sello privado», explica. Estos elaboradores se quejan además de que el sello catalán Ccpae apenas es conocido, lo que le resta proyección exterior. Félix Martínez lamenta incluso que Agricultura destine pocos recursos económicos a la promoción de estos productos (1,7 millones de euros los próximos cinco años).
Daniel Valls, presidente del Ccpae, dice que la sobretasación se ha corregido a partir del 2007 y se han introducido criterios para abaratar. Así, ahora no sólo se tiene en cuenta la facturación, sino también si la empresa tiene uno o varios productos o es sólo importadora. Agregó que se valorarán otras circunstancias que hacen reducir la inspectora y por tanto las tasas. Pero estas explicaciones no convencen. Catalunya tiene 1.251 operadores en el sector ecológico aunque el malestar se concentra más en empresas relacionadas con mercancías ya transformadas, y no en productores agrícolas o ganaderos de base.
La estafa de la certificación ecológica 
Es muy conveniente que un organismo público controlado por el Parlamento controle algo tan impoirtante como la certificación de alimentos. La empresas privadas están muchísimo más sujetas a corrupción. De ahí que en el resto de España las certificaciones ecológicas sean mucho más flexibles.